La cerrazón del Gobierno -que tiene máxima expresión en el caso Adorni- terminó de instalar la batalla con las universidades públicas como cuestión de impacto en los otros dos poderes del Estado. Después de la masiva marcha de esta semana en reclamo del financiamiento dispuesto por ley, el oficialismo se mostró intransigente, aunque enredado en su propio juego. La tensión se corrió a la Corte Suprema de Justicia, que debe resolver sobre una cautelar, sin plazos pero con renovado foco sobre sus pasos: intercambio interno de opiniones y reuniones formales, como la de este jueves. Y todo indica que su definición sería gravitante para las chances de una negociación efectiva del oficialismo con los rectores, mientras el tema sigue sin pulso en el Congreso.
Al menos de momento, la pelea con las universidades empató los temores o inquietudes del Gobierno por otras señales que pueden llegar desde la Justicia. En el caso del jefe de Gabinete, los capítulos se suman a diario y se fue añadiendo la especulación sobre una citación al funcionario. Y en cuanto a las universidades, algunos hasta dan casi por seguro una decisión de la Corte que imponga, de hecho, la obligación de girar fondos en función de la ley que el Ejecutivo no cumple argumentando que la norma no incluye el recurso presupuestario.
En el máximo escalón judicial, como es tradición, incomoda quedar en el centro de una disputa que no pudo ser superada en el terreno político. Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, además, fueron apuntados por el Gobierno debido a su condición de docentes universitarios, lo cual fue interpretado como una chicana para tratar de estirar los tiempos. Como se sabe, el recurso extraordinario del Ejecutivo intenta extender el freno a la ley de financiamiento de las universidades públicas.
La UBA solicitó formalmente a la Corte que resuelva lo antes posible el tema, para evitar que se agrave la situación crítica en materia presupuestaria. En paralelo, se dejó trascender que no fue evaluada la alternativa de una concentración frente a los Tribunales. El límite sería el pedido de celeridad. A nadie escapa -y en especial, a ninguno de los jueces- que quedaron expuestos como pieza central de una pelea de carácter nacional.
La manifestación del martes tuvo ese sentido: fue dura contra el Gobierno y, de hecho, marcó la expectativa sobre la suerte judicial de una ley sancionada, vetada y sostenida finalmente por el Congreso en contra de la decisión presidencial. Fue masiva la demostración en Plaza de Mayo, que superó los alineamientos partidarios y sindicales. También expuso alcance geográfico: movilizaciones en Córdoba, Rosario, Santa Fe, Mar del Plata, Mendoza, Salta, Jujuy, Resistencia, Corrientes. Expuso que el tema universitario -y educativo, en sentido más amplio- no es intrascendente ni limitado a los directamente afectados. Tampoco es un cheque en blanco para las autoridades de las universidades.
El Gobierno descalificó antes y después la marcha. Lo hizo además en un contexto de nuevo ajuste de cuentas para mantener superávit. Y eso mismo, entre otras interpretaciones, ratificó el peso de Economía sobre cualquier área a la hora de negociar. Es un dato, cuando desde el Gobierno surgen mensajes informales sobre la posibilidad de retomar las conversaciones con representantes del Consejo Interuniversitario Nacional.
Alejandro Alvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, volvió a jugar como voz oficial en este terreno. Después de días repitiendo que el reclamo en la calle era una movida “política” -nada original, escuchado en otras gestiones-, dijo que más allá del número de personas que se movilizaron el martes, el límite sigue siendo presupuestario. “La ley nació muerta”, dijo. La versión sobre la posibilidad de negociar apuntó a que antes corran algunos días. Se verá, por supuesto, si se espera la decisión de la Corte.
Cualquier movimiento debería tener correlato en el Congreso. Es significativo: el intento de negociar una nueva ley de financiamiento universitario debería contar con consenso amplio para encontrar una fórmula que destrabe el conflicto. Hasta ahora, el intento inicial del Gobierno quedó en la nada, paralizado en Diputados.
La nueva tanda de poda presupuestaria volvió a marcar el eje del Gobierno. Y ese es un dato central a la hora de negociar. Una decisión de la Corte será determinante en ese plano, porque según su sentido podría acelerar o estirar los tiempos para sentarse a negociar con los rectores.
El panorama legislativo está cruzado por incertidumbres en el oficialismo y en la amplia franja de la oposición más dura, los dialoguistas y hasta los socios de LLA. Un paño en el que también juegan los gobernadores, que en su mayoría buscan sostener los puentes con el Gobierno, pero están complicados por la caída de la coparticipación, de otros fondos nacionales y de la recaudación local. El nuevo ajuste sorprendió por su alcance a los jefes provinciales: algunos ven tambalear acuerdos alcanzados trabajosamente como parte de las tratativas por la reforma laboral.
Son variadas las señales de fragilidad en el Congreso. En los espacios más enfrentados con el Gobierno, resultó notoria y a la vez esperable la decisión de postergar una semana la convocatoria a sesión de Diputados para poner en marcha una interpelación al jefe de Gabinete. En la vereda violeta, las internas complican incluso algunas negociaciones con dialoguistas: acaba de ocurrir en el Senado con la reforma electoral, como consecuencia de las tensiones entre Karina Milei y Patricia Bullrich.
El caso de Adorni tiñe buena parte de los movimientos del Gobierno, que desde hace más de dos meses repite intentos para recuperar el manejo de la agenda política. La última reunión de la mesa política del oficialismo pareció calcada de otras anteriores, pero con menos énfasis: reiteró el respaldo al jefe de Gabinete, aunque sin la foto de rigor y la ausencia de Santiago Caputo, y volvió a hablar de iniciativas para mover al Congreso. Se verá si reaparece el capítulo universitario.
