El Gobierno de Javier Milei le respondió al reclamo que presentó la Universidad de Buenos Aires durante este martes por la falta de financiamiento y que podría afectar el normal funcionamiento de los hospitales universitarios.
A través de la Oficina de Respuesta Oficial, el Poder Ejecutivo aseguró que la UBA miente sobre el reclamo y aseguró: “Las afirmaciones del secretario Matías Ruiz sobre el supuesto incumplimiento en el financiamiento de los hospitales universitarios son absolutamente falsas y maliciosas”.
La respuesta del Poder Ejecutivo enfatizó que el Gobierno nacional ha transferido, “mes a mes y en tiempo y forma”, la totalidad de los créditos presupuestarios que la Ley N° 27.798 asignó a la UBA para el ejercicio 2026. Además, remarcaron que esto incluye “íntegramente la función salud, tanto los gastos de personal como los de funcionamiento”. El comunicado subrayó: “Lo que la UBA omite de manera deliberada es que su reclamo no se refiere a fondos no girados, sino a una EXIGENCIA EXTRAORDINARIA para acaparar la partida nacional de ‘Hospitales Universitarios’, que por ley corresponde a todo el sistema universitario del país”.
El Gobierno detalló que la Universidad de Buenos Aires reclama 75.371.896.068 pesos, es decir, el 94,5 % del total de 79.763.113.948 pesos previstos para hospitales universitarios de todo el país. De cumplirse esa demanda, el resto de las universidades nacionales recibiría solo el 5,5 % de los fondos. Además, esta pretensión sería “absolutamente injustificada” y atentaría contra los principios de “distribución federal y equitativa” en el uso de recursos públicos.
En ese sentido, continuaron que aceptar la solicitud de la UBA implicaría que una sola institución concentre casi la totalidad de los recursos asignados para hospitales universitarios, afectando gravemente la equidad en la distribución presupuestaria a nivel nacional. El comunicado oficial sostuvo que el Gobierno “garantiza el financiamiento conforme a la ley” y rechaza que, “mediante información falsa o amenazas de medidas de fuerza, se intente imponer una apropiación indebida de recursos que pertenecen al conjunto del sistema universitario argentino”.
Todo se da después de la conferencia de prensa celebrada hoy en la puerta del Hospital de Clínicas, donde los directores médicos de la red de hospitales universitarios de la UBA advirtieron que las instituciones atraviesan una de las crisis más severas de las últimas décadas. Los responsables de los centros de salud detallaron que, durante los primeros cinco meses de 2026, el Gobierno nacional no transfirió fondos correspondientes a la partida presupuestaria de este año, lo que compromete el funcionamiento operativo de los hospitales dependientes de la universidad.
“Estamos hoy a 5 de mayo y hasta esta hora de la mañana todavía no se ha hecho el depósito correspondiente. Llevamos un cuatrimestre entero, cuatro meses del presupuesto anual aprobado y no hemos visto un solo peso. Con lo cual, imagínense cómo podemos funcionar o cómo podemos seguir brindando la asistencia con la calidad que merecen nuestros pacientes”, explicó el doctor Norberto Lafos, director del Instituto Lanari.
Los hospitales universitarios de la UBA atienden anualmente a 700 mil personas y cumplen un papel clave en la formación de estudiantes y profesionales de la salud. Según las autoridades médicas, el presupuesto adeudado asciende a 80 mil millones de pesos, de los cuales un cuarto debió haberse ejecutado entre enero y abril. En ese contexto, los directores señalaron que la atención sanitaria corre “riesgo inminente”.
La red está integrada por seis hospitales: el Hospital de Clínicas “José de San Martín”, el Instituto de Oncología “Ángel H. Roffo”, el Instituto de Investigaciones Médicas “Alfredo Lanari”, el Instituto de Tisioneumonología “Prof. Dr. Raúl Vaccarezza”, el Hospital Odontológico Universitario y el Hospital Escuela de Veterinaria. Estas instituciones desarrollan tareas esenciales en la atención médica, la docencia y la investigación científica. La falta de financiamiento oficial amenaza su continuidad y limita su capacidad de respuesta frente a la demanda social.
Como publicó Infobae, el reclamo por el financiamiento universitario surge en la antesala de la marcha federal convocada para el 12 de mayo por el Consejo Interuniversitario Nacional, el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina.
Uno de los puntos centrales de la protesta es la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795, cuya vigencia fue ratificada por la Justicia a fines de marzo. Tras un fallo favorable a las universidades en diciembre, la Justicia ordenó al Gobierno nacional el cumplimiento inmediato de los artículos sobre recomposición salarial y becas estudiantiles. El 17 de abril, la Procuración del Tesoro de la Nación presentó un recurso extraordinario para suspender esos artículos.
