El primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, ratificó hoy ante la Cámara de los Comunes que su gobierno adoptará “las más firmes medidas” para defender la soberanía británica sobre las islas Malvinas y el derecho de sus habitantes a la autodeterminación, en respuesta a un diputado que le exigió oponerse con firmeza al intento de Argentina de frenar la explotación petrolera en el archipiélago a través del Tribunal Internacional del Derecho del Mar.
La presión judicial argentina opera en dos frentes. A nivel interno, el gobierno de Javier Milei inició procedimientos sancionatorios contra las empresas petroleras que participan del proyecto Sea Lion. A nivel internacional, el 13 de octubre presentó una solicitud de medidas provisionales ante el organismo internacional que tiene sede en Hamburgo. Entre otros puntos, se pidió al tribunal que ordene a Londres “impedir el inicio o la continuación de la explotación de recursos hidrocarburíferos en la plataforma continental de la Cuenca Malvinas Norte”
El presidente del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, el juez Maurice Kamga, fijó las audiencias orales para el próximo 10 y 11 de noviembre.
Durante la sesión de preguntas al primer ministro (PMQs) de este miércoles, la respuesta de Burnham fue en la misma línea histórica que el Reino Unido presenta para referirse a la disputa con la Argentina: “No hay disminución alguna en nuestro firme apoyo para mantener las islas Malvinas como británicas”, declaró el primer ministro desde la bancada del gobierno. También recordó que los isleños “eligieron seguir siendo británicos no hace mucho tiempo”, en referencia al referéndum de 2013, en el que el 99,8% de los votantes se pronunció a favor de conservar el estatus de territorio británico.
La ofensiva diplomática y legal de Argentina se intensificó tras el discurso de Milei ante la 81.ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), el 23 de septiembre. Desde la tribuna del organismo, calificó a Malvinas como “una causa nacional” y sostuvo que el proyecto Sea Lion avanza “mediante licencias británicas que la Argentina rechaza por ilegales e ilegítimas”.
En aquella oportunidad, el mandatario argentino negó que el principio de autodeterminación aplique a los habitantes del archipiélago. “El principio de libre determinación no aplica en este caso ya que se trata de una población implantada por la potencia ocupante sobre un territorio cuya soberanía se encuentra en disputa”, afirmó.
Días después del discurso en la ONU, el gobierno argentino inició procedimientos sancionatorios contra un total de 60 personas y empresas por participar en lo que calificó como operaciones petroleras ilegales en las islas. El canciller Pablo Quirno presentó una denuncia penal contra la empresa israelí Navitas Petroleum y varias de sus filiales.
Navitas opera el 65 % del proyecto Sea Lion, un desarrollo valorado en 1.550 millones de libras esterlinas que apunta a producir 50.000 barriles diarios a partir de 2028. La empresa británica Rockhopper Exploration posee la participación restante.
La posición del Reino Unido ante el pedido de Argentina de un arbitraje internacional estuvo planteada, en un principio, por la embajadora adjunta ante la ONU, Kate Foster, que defendió la posición británica ante el Cuarto Comité de la Asamblea General (Comité de Descolonización). En su intervención, publicada por el gobierno británico el 13 de octubre, sostuvo: “La decisión de Argentina de iniciar un arbitraje contra el Reino Unido bajo la Convemar es el último intento de socavar los derechos y los medios de vida del pueblo de las islas Malvinas”.
La diplomática añadió que las actividades de hidrocarburos en la plataforma continental de las islas “se regulan bajo la legislación de las islas Malvinas y se realizan en plena conformidad con el derecho internacional, incluida la Convemar”.
Con relación a los próximos pasos, y según un comunicado oficial del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, las audiencias se celebrarán en la sala principal del organismo, serán públicas y se transmitirán en vivo por la web del ITLOS. Con las vistas orales fijadas para el 10 y 11 de noviembre, el tribunal deberá evaluar si tiene jurisdicción prima facie, si la urgencia justifica intervenir y si las medidas solicitadas son proporcionales.
Una decisión favorable a Argentina sería de cumplimiento obligatorio para el Reino Unido. Una vez constituido, el tribunal arbitral del Anexo VII podrá mantener, modificar o dejar sin efecto las medidas provisionales.
