Un ex intendente de la localidad de San Carlos, provincia de Salta, fue imputado por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, tres hechos de peculado y dos de falsedad ideológica de documento público. Se trata de Héctor Raúl Vargas, el dirigente que estuvo al frente de la gestión entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023.
Como resultado de una audiencia de formalización de la investigación penal, la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) le atribuyó cargos como supuesto autor de incumplimiento de los deberes de funcionario público, tres hechos de peculado y dos de falsedad ideológica de documento público, en relación con la compra y venta de terrenos para un loteo social, manejo de fondos nacionales y retiros de una cuenta municipal por más de $64 millones.
En la causa que se encuentra bajo investigación se abarcaron hechos presuntamente cometidos durante la gestión de Vargas en la Municipalidad de San Carlos. Durante la audiencia, el ex jefe comunal fue asistido por un abogado particular y optó por no declarar ni responder preguntas de la Fiscalía.
De acuerdo con la información publicada por el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Salta, la primera denuncia fue presentada por un concejal en mayo de 2023, en donde señaló que en julio de 2021 el acusado habría adquirido a nombre de la municipalidad un inmueble de tres hectáreas y 1.500 metros cuadrados por $15 millones sin contar con autorización del Concejo Deliberante.
Desde entonces, los concejales habían solicitado que remita la documentación correspondiente a la transacción. Sin embargo, esta no fue presentada hasta abril de 2023, luego de que las autoridades locales realizaran reiterados pedidos sobre la cuestión.
A partir de esta denuncia, el Gabinete de Delitos Económicos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) detalló que por la venta de los lotes, el municipio recibió $16.883.100, de los cuales se utilizaron $15 millones para la compra del inmueble. No obstante, no se encontraron registros sobre el destino de los $1.883.100 restantes. El análisis pericial también estableció que la compra se habría realizado sin cumplir el régimen de contrataciones ni registrar todas las etapas presupuestarias.
En relación con la venta posterior de los lotes, se determinó que no se contó con la autorización del Concejo Deliberante y que la Municipalidad no aportó los legajos de los adquirentes ni un acto administrativo que estableciera los requisitos para la selección, evaluación y adjudicación de los lotes.
Por estos hechos, la Fiscalía imputó a Vargas por dos hechos de falsedad ideológica de documento público, al consignarse en resoluciones municipales datos sobre el loteo —como matrículas individuales, aprobación ambiental y servicios— que no pudieron ser corroborados. Posteriormente, una inspección ocular reveló que el terreno se encontraba vacío, con lotes apenas marcados y sin servicios básicos de agua, luz ni cloacas.
Otra denuncia, ingresada el 5 de diciembre de 2023, cuestionó el destino de $9.482.369,75 recibidos por la municipalidad como aportes no reintegrables del Programa de Promoción del Trabajo, Arraigo y Abastecimiento Local (PROTAAL), destinados a 20 familias del paraje San Rafael. El análisis pericial indicó que no fue posible reconstruir el destino de ese dinero, ya que no se encontraron órdenes de pago ni comprobantes y el organismo nacional informó que no había registros de rendición de cuentas.
Finalmente, el 25 de marzo de 2024, la entonces intendenta María del Carmen Vargas denunció que al asumir en diciembre de 2023 no halló en las cuentas bancarias ni en Tesorería el dinero correspondiente al loteo y que el terreno carecía de servicios e infraestructura básica. También aportó documentación sobre el cuestionado proyecto productivo.
Por otro lado, producto del análisis de la documentación bancaria, el Gabinete de Delitos Económicos del CIF detectó que, en 18 ocasiones, el ex intendente emitió cheques de pago diferido y retiró fondos de una cuenta corriente municipal en distintas sucursales del Banco Macro, por un total de $64.449.000. En todos los casos, la beneficiaria era la propia Municipalidad de San Carlos, pero desde la comuna se informó que no existe documentación respaldatoria que permita determinar el destino de esos retiros.
