El Juzgado de Paz de Menor Cuantía de Las Lomitas, Formosa, condenó a cinco días de arresto a cuatro integrantes del equipo periodístico del diario La Nación que realizaron una cobertura en la Comunidad San José, una comunidad originaria nivaclé. La pena puede sustituirse por una multa de $282.550 para cada uno de los condenados. La resolución lleva el número 351/2026 y está firmada por el juez Omar Padilla.
Los condenados son la cronista Micaela Urdinez, el camarógrafo Lautaro Martín Guillamondegui, el sonidista Joaquín Rajadel y el director audiovisual Javier Federico Corbalán. El magistrado los consideró responsables de una infracción al artículo 73 del Código de Faltas de Formosa, referido al inicio de actividades sin cumplir requisitos previos.
El episodio que originó la causa ocurrió en septiembre de 2025, cuando el equipo realizaba informes sobre comunidades originarias para el programa Hambre de Futuro. El 15 de septiembre, los periodistas llegaron a Las Lomitas para visitar las comunidades nivaclé de San José y El Algarrobal, junto con integrantes de la Asociación para la Promoción de la Cultura y del Desarrollo (APCD). Durante la jornada realizaron entrevistas y filmaciones en San José.
Según la reconstrucción publicada sobre el caso, el equipo mantuvo encuentros con Guillermo López, cacique de la comunidad, su mujer, su hija y su nieta. López participó de las entrevistas que luego formaron parte del documental sobre la situación del pueblo nivaclé.
La denuncia que derivó en la causa se presentó el 19 de septiembre de 2025. Los periodistas fueron acusados de alterar el orden público y de no retirarse de la comunidad cuando se les solicitó. Los integrantes del equipo negaron esa situación y señalaron que contaban con autorización para realizar la cobertura.
El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) sostuvo que durante aquella cobertura se produjeron seguimientos mediante vehículos sin identificar, vigilancia, una interceptación policial en rutas y la retención durante dos horas de los trabajadores de prensa. La organización también señaló que la denuncia fue realizada a nombre del cacique Guillermo López, quien posteriormente negó haber promovido la acusación y afirmó que agentes policiales lo trasladaron para firmar un escrito cuyo contenido desconocía.
FOPEA cuestionó especialmente que la Justicia provincial aplicara el artículo 73 del Código de Faltas y utilizara, entre otros argumentos, la falta de acreditación en el lugar de la matrícula profesional o de vínculos laborales locales, en referencia a la Ley 12.908. La organización sostuvo que “para ejercer el periodismo no es imperativo uso de un carnet en ningún lugar del país”.
La entidad también remarcó que el juzgado absolvió a los cuatro periodistas de la acusación vinculada con el artículo 77 inciso “a”, referida a provocaciones o gritos, por falta de certezas. Sin embargo, mantuvo la pena de arresto efectivo y la imposibilidad de acceder a su cumplimiento condicional por residir fuera de la provincia.
En su comunicado, FOPEA sostuvo que la resolución “convalida los atropellos y amedrentamientos policiales” denunciados durante la cobertura y cuestionó que una situación vinculada con el trabajo periodístico derivara en una sanción contravencional.
La organización advirtió además que el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa no puede quedar condicionado por exigencias administrativas o matriculares utilizadas como barreras para realizar una cobertura. También señaló que la utilización de este tipo de normas para sancionar a periodistas por su tarea genera un efecto inhibitorio sobre quienes investigan e informan acerca de asuntos de interés público.
FOPEA pidió a los poderes públicos garantizar el libre ejercicio del periodismo y el cese de mecanismos de amedrentamiento o criminalización de la labor de la prensa.
