El Gobierno tiene previsto enviar un tercer paquete de proyectos al Congreso hacia el fin de esta semana. Se trata del grupo de iniciativas que fueron debatidas en la última reunión de mesa política realizada la semana pasada en la Casa Rosada. Esta tuvo como resolución final el envío de cerca de 10 proyectos para ambas cámaras, entre los cuales estará el denominado Súper RIGI, que tendrá prioridad en el tratamiento legislativo.
“El viernes vamos a enviar el nuevo paquete de leyes al Congreso”, afirmó a Infobae una fuente inobjetable del Poder Ejecutivo. La decisión se tomó en los últimos días y se efectivizará antes de que se produzca una nueva reunión de la cúpula política del Gobierno, la cual se prevé para el próximo martes 26 de mayo. La composición del paquete final de proyectos no se dio a trascender todavía: solamente la presencia de la nueva edición del RIGI.
A diferencia del RIGI vigente, la versión ampliada será un nuevo régimen de incentivos para atraer industrias que actualmente no existen en la Argentina. Reducirá la tasa de impuesto a las ganancias del 25 % al 15 %, ofrecerá una amortización acelerada de inversiones (60% en el primer año, 20% en el segundo y 20% en el tercero), eliminará completamente los aranceles de importación y exportación vinculados a la producción, limitará el cobro de ingresos brutos por parte de las provincias adherentes al 0,5%, y prohibirá que los municipios cobren tasas sobre ventas que funcionen como impuestos encubiertos.
En tanto, la agenda legislativa de La Libertad Avanza avanza en paralelo en ambas cámaras del Congreso con una estrategia que combina la acumulación de votos propios y de bloques aliados, el bloqueo de iniciativas opositoras y la negociación a contrarreloj de proyectos que el oficialismo considera prioritarios para la gestión libertaria.
En la Cámara de Diputados, el oficialismo convocó a una sesión para este miércoles a las 10 de la mañana con dos platos fuertes en el temario: la llamada Ley Hojarasca, impulsada por el ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, y la reforma del régimen de subsidios al gas en zonas frías.
El bloque libertario estima contar con alrededor de 132 diputados, cifra que supera el piso del quórum. Esos votos se construyen sobre los 95 legisladores propios de La Libertad Avanza (LLA), a los que se suman 12 del PRO, 9 de Innovación Federal, 6 de la Unión Cívica Radical (UCR), 3 de Elijo Catamarca, 3 de Independencia, 2 del MID y otros 2 de Producción y Trabajo.
La convocatoria tiene, además, un objetivo político preciso: neutralizar una sesión paralela pedida por la oposición. El diputado socialista Esteban Paulón y otros legisladores habían solicitado al presidente de la Cámara, Martín Menem, fijar el recinto para el mismo miércoles a las 11, con un temario centrado en el control político del Ejecutivo. Ese temario incluía pedidos de informe verbal y escrito al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al ministro de Economía, Luis Caputo, y a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, junto con iniciativas para ampliar licencias parentales, restablecer prestaciones en el PAMI y recrear el Programa Nacional Remediar. Al fijar su sesión una hora antes, el oficialismo bloquea de facto esa convocatoria: si LLA abre el recinto, la sesión opositora no puede realizarse.
La Ley Hojarasca propone derogar más de 70 normas que el Ejecutivo considera obsoletas, desde regulaciones sobre microfilmación en el Ejército hasta la obligación de tramitar un carnet especial para viajar como mochilero, vigente desde 1974. El proyecto obtuvo dictamen por mayoría el 21 de abril en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, tras modificaciones que redujeron su alcance original para sumar apoyos políticos. La oposición denuncia que el proyecto encubre la derogación de leyes sensibles, entre ellas las de preservación de Bienes y Patrimonios Culturales y la Ley de Medicamentos.
El segundo punto del temario busca revertir la ampliación territorial del régimen de subsidios al gas dispuesta en 2021 por la Ley 27.637. Esa norma extendió el beneficio desde cerca de 950.000 hogares en la Patagonia, la Puna y el departamento de Malargüe a más de 4 millones de usuarios en todo el país.
Con el proyecto oficial, los 55 departamentos de la provincia de Buenos Aires y localidades de otras diez provincias que fueron incorporados en esa ampliación perderán la bonificación universal del 50% sobre el precio del gas, y solo conservarán un subsidio adicional aquellos hogares inscriptos en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), cuyo umbral de acceso equivale a no superar tres Canastas Básicas Totales para una familia tipo, valuadas en unos $4.300.000 a valores de abril de 2026.
Mientras Diputados prepara su sesión, en el Senado la agenda del oficialismo también se mueve en varios frentes simultáneos. El más avanzado es la ley que “blinda” la propiedad privada: LLA aceleró las negociaciones con los bloques dialoguistas y el proyecto buscará dictamen este miércoles en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, convocado desde las 11.30.
Un primer acuerdo de base ya había sido sellado a comienzos de mayo en una cumbre entre la jefa del interbloque libertario en la Cámara alta, Patricia Bullrich, y sus pares de la UCR, el PRO y referentes de bloques provinciales. Tal y como adelantó Infobae semanas atrás, se acordó la eliminación completa del capítulo referido al Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), una concesión que implicó una derrota para Sturzenegger, quien había propuesto delegar ese sistema en las provincias.
Quedan por resolver dos puntos sensibles: los desalojos exprés y la venta de tierras a extranjeros. Sobre el primero, se perfecciona la redacción vinculada a juicios sumarísimos y se incorpora una protección mínima para sujetos vulnerables —menores, personas con discapacidad y adultos mayores desamparados—, con intervención del Ministerio Público Tutelar. Sobre el segundo, la propuesta elimina el viejo sistema de topes generales por porcentajes, nacionalidad o hectáreas, y establece que cada distrito conservará la jurisdicción sobre su territorio, con prohibición expresa de adquisiciones por parte de Estados extranjeros o sociedades controladas por ellos. En zonas de frontera, la compra requeriría autorización previa de la Nación.
De lograr el dictamen, Bullrich proyecta una sesión para la semana próxima que incluiría también el acuerdo con dos fondos acreedores —Bainbridge Ltd. y el grupo Attestor Value Master Fund LP— por u$s 171 millones. Ese convenio, que estipula una quita superior al 30% sobre las sumas reclamadas en sentencias firmes bajo jurisdicción estadounidense, ya había sido dictaminado por las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y de Economía Nacional e Inversión. El Estado argentino cancelaría los pasivos con un pago de u$s 67 millones al primero y u$s 104 millones al segundo. Horas antes de la sesión del jueves pasado, sin embargo, llegó desde Balcarce 50 una enmienda que devolvió el proyecto a foja cero.
El acuerdo adopta el formato internacional de “Entrega contra Pago” (DVP): los fondos se liberarán en simultáneo con la cancelación de los bonos y los acreedores asumirán los costos legales del litigio. Un avance en este expediente derivaría en la finalización de los procesos de “Discovery” relacionados con finanzas, privatizaciones, cuentas bancarias y otros activos de la Argentina, según consta en el documento enviado al Congreso con las firmas de Milei, del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y de Adorni.
El otro frente abierto en el Senado es Ficha Limpia, que ya se convirtió en una disputa política antes de que su debate formal haya comenzado en la comisión de Asuntos Constitucionales. Los bloques dialoguistas presionan para tratar los proyectos sobre esa materia de forma separada de la reforma política integral que impulsa la Casa Rosada —que incluye la eliminación de las PASO, entre otras modificaciones—, dado que el Gobierno no tiene los votos asegurados para esa agenda más amplia. El titular de la comisión, el libertario Agustín Coto (Tierra del Fuego), dejó escapar en la primera reunión que “no hay ninguna intención de tratar todo junto”, una señal que generó malestar en el propio oficialismo.
