La conducción de la Armada Argentina apartó de sus funciones a diez militares involucrados en las actuaciones por la trama de corrupción detectada en el sistema de liquidación de sueldos y puso en marcha una instrucción disciplinaria que puede terminar con la destitución de los responsables. La medida fue dispuesta por el jefe del Estado Mayor General de la fuerza, almirante Juan Carlos Romay, mientras avanza en paralelo la investigación de la Justicia Federal por 645 acreditaciones indebidas que alcanzaron un monto histórico de $981.148.567,88.
Fuentes oficiales de la Armada confirmaron a Infobae que el universo reconstruido hasta ahora comprende 23 beneficiarios: diez militares y trece civiles o personas ajenas a la fuerza. Todo el personal militar alcanzado por las actuaciones fue separado de las funciones que desempeñaba y quedó sometido desde el 16 de septiembre a un procedimiento disciplinario interno. La decisión se terminó de sustanciar anoche.
La precisión modifica la información inicial que había circulado sobre nueve efectivos apartados y también permite delimitar el alcance de las medidas. La Armada no dispuso todavía la destitución automática de los involucrados. Abrió una instrucción disciplinaria por una falta considerada “gravísima”, dentro de la cual la expulsión de la fuerza aparece como la máxima sanción posible.
En el ámbito de la Armada consideran que el proceso podría terminar con destituciones, pero cada situación deberá ser analizada individualmente y los involucrados tendrán derecho a ejercer su defensa. Un abogado militar ya fue designado para conducir la instrucción. A medida que avance el procedimiento se terminarán de conformar las autoridades que deberán evaluar las pruebas, recibir los descargos y resolver las responsabilidades disciplinarias.
La decisión cuenta con una instrucción expresa del ministro de Defensa, teniente general Carlos Alberto Presti, que intervino una vez que la investigación administrativa interna tomó dimensión y los responsables de la Armada reunieron los elementos que luego fueron enviados a la Justicia.
Presti se refirió públicamente al caso y buscó separar la conducta de los investigados del conjunto de la institución. “Quiero guardar el alto prestigio de la Armada. La Armada no son esos cuatro, cinco, veinte delincuentes”, afirmó.
Después explicitó la orden impartida a Romay: “Le he impartido las órdenes al jefe de la Armada para que tome las medidas y que con un Consejo de Disciplina, desde el punto de vista militar, pasen ya a ser destituidos”.
La expresión del ministro establece la orientación política con la que Defensa pretende abordar el caso, aunque el resultado formal deberá surgir del procedimiento disciplinario. Dentro de la Armada remarcan precisamente esa diferencia: primero debe desarrollarse la instrucción, analizarse la conducta de cada integrante y garantizarse el derecho de defensa. La destitución es uno de los resultados posibles y constituye la sanción más grave dentro del régimen militar.
El segundo camino es judicial y transcurre de manera independiente. La Armada presentó el 15 de septiembre una denuncia ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2, a cargo de Sebastián Ramos, para que se investiguen las eventuales responsabilidades penales.
Presti también se refirió en diálogo con TN a esa vía. “Más allá de la Justicia Federal, espero que los encuentren culpables, que devuelvan el dinero y que vayan presos”, afirmó.
Así, el caso quedó dividido en dos carriles. La Armada debe resolver las responsabilidades disciplinarias de sus integrantes y puede imponer las sanciones previstas por el régimen militar. La Justicia Federal, en cambio, deberá determinar si existieron delitos, quiénes participaron y qué responsabilidad penal corresponde a cada una de las personas investigadas.
La investigación interna reconstruyó pagos irregulares desde 2022
La reacción de la conducción militar es consecuencia de una investigación iniciada por la propia Armada y que se extendió durante varias semanas hasta reconstruir operaciones realizadas durante más de tres años.
Las primeras señales aparecieron en febrero de 2026, cuando una revisión sobre la liquidación de enero permitió detectar cinco acreditaciones incorrectas correspondientes a integrantes del Departamento Revista. Una vez detectados los pagos, el dinero fue devuelto.
En ese momento no había elementos suficientes para establecer que las inconsistencias formaban parte de un mecanismo deliberado. Tampoco existían indicios que vincularan personalmente al entonces jefe del Departamento Revista, capitán de Navío Contador Ariel Baltasar Atanasoff.
Las irregularidades iniciales llevaron, sin embargo, a reforzar los controles. En marzo se modificó parte del circuito administrativo: Tesorería pasó a encargarse de la tramitación de las acreditaciones ante el Banco de la Nación Argentina y Contabilidad comenzó a realizar de manera independiente la conciliación de la cuenta utilizada para pagar los haberes.
La decisión permitió separar la liquidación, la orden de acreditación y el control posterior de los movimientos bancarios.
El punto de inflexión ocurrió en agosto. Nuevas revisiones de períodos anteriores permitieron detectar pagos que no tenían respaldo en los haberes liquidados y, entre ellos, acreditaciones realizadas a María del Carmen Prieto, esposa de Atanasoff.
Fue el primer elemento que vinculó personalmente al jefe del Departamento Revista con las operaciones bajo análisis. Atanasoff fue relevado preventivamente de manera inmediata, se resguardaron los equipos informáticos empleados para preparar los archivos enviados al Banco Nación y se dispuso una revisión integral hacia períodos anteriores.
Entre el 20 de agosto y el 14 de septiembre, la Armada reconstruyó la operatoria, obtuvo información adicional del Banco Nación y abrió actuaciones administrativas de acuerdo con el Reglamento de Actuaciones Administrativas Militares.
El resultado fue considerablemente mayor que las primeras anomalías.
La revisión determinó que entre julio de 2022 y enero de 2026 se habían producido 645 acreditaciones indebidas a 23 beneficiarios por $981.148.567,88. El número es el monto histórico comprobado por la investigación interna y posteriormente incorporado a la denuncia penal.
Fuentes de alto nivel de la Armada ratificaron además a Infobae que esa es la cifra respaldada por la documentación reunida hasta ahora. Otras estimaciones superiores que circularon públicamente no forman parte de la cuantificación efectuada por la investigación interna que derivó en la denuncia judicial.
El dinero surgía de pagos bloqueados antes de su devolución al Tesoro
La pesquisa permitió también entender de qué manera se generaban los fondos utilizados para realizar los pagos.
La maniobra aprovechaba el período existente entre el cierre de la liquidación mensual y el envío definitivo del archivo de acreditaciones al Banco Nación.
Después de confeccionarse una liquidación pueden existir pagos que originalmente estaban previstos pero que finalmente deben bloquearse por distintas razones: una baja, un retiro, el fallecimiento de un integrante de la fuerza o un error detectado durante los controles.
Cuando eso ocurre, ese dinero ya no debe ser transferido al destinatario inicialmente previsto. Los fondos que finalmente quedan disponibles deben ser reingresados posteriormente a la Tesorería General de la Nación.
La investigación estableció que parte de esos recursos era aprovechada antes de la devolución para realizar las acreditaciones irregulares.
Había básicamente dos mecanismos.
En algunos casos se aumentaba de manera transitoria el monto correspondiente a una persona determinada. En otros se incorporaba directamente un pago para el cual no existía ninguna liquidación de haberes que pudiera justificarlo.
Las modificaciones se realizaban después de los controles ordinarios y antes del envío definitivo de los archivos al Banco Nación. Eso permitía incluir los pagos cuestionados dentro de un volumen mensual superior a las 24.000 acreditaciones correspondientes al personal de la Armada.
El sistema tenía además una instancia posterior que dificultaba la detección.
Después de confeccionarse el archivo destinado al banco, los registros modificados podían ser restituidos a sus valores anteriores. Como consecuencia, la transferencia efectivamente recibida por un beneficiario podía no coincidir con el monto que luego aparecía en su recibo de haberes dentro del sistema.
La diferencia quedó expuesta cuando los investigadores comenzaron a comparar las distintas fuentes de información: las liquidaciones originales, los recibos publicados, las diferentes versiones de los archivos confeccionados para pagar y las confirmaciones bancarias.
La evidencia reunida tiene un elemento especialmente relevante para la investigación: las acreditaciones se hicieron mediante transferencias bancarias a cuentas a nombre de los respectivos beneficiarios. Por eso fue posible vincular los pagos cuestionados con personas concretas y contrastarlos con los haberes que legítimamente debían percibir.
La pesquisa contó también con información extraída de los equipos informáticos preservados por la Armada, registros enviados por el Banco Nación y las actuaciones administrativas desarrolladas después de detectar el mecanismo.
Cuatro de los 23 beneficiarios no tenían relación laboral ni funcional con la Armada. En conjunto recibieron 184 acreditaciones por $434.200.718,04, equivalentes al 44,25% del total histórico reconstruido.
María del Carmen Prieto fue la mayor beneficiaria individual. Según consta en la denuncia a la que accedió Infobae, recibió 46 acreditaciones por $152.259.495,86. Prieto es esposa de Atanasoff.
Damián Andrés Santana recibió 47 acreditaciones por $99.496.225,47 y Amalia Cristina Díaz registró 46 pagos por $91.978.048,38. La documentación de la Armada identifica a los cuatro receptores externos como personas que no tenían relación funcional con la institución.
Las actuaciones administrativas atribuyen a Atanasoff un papel central.
Según la documentación interna a la que accedió Infobae, el entonces jefe del Departamento Revista manifestó durante la investigación que conocía los pagos realizados a las personas ajenas a la Armada, que las acreditaciones se hacían manualmente, que él definía los beneficiarios y los importes y que ejecutaba personalmente las operaciones.
El informe interno agrega un elemento de especial importancia: Atanasoff manifestó que ese mecanismo tenía como finalidad favorecer económicamente no solamente a los beneficiarios externos, sino también a las restantes 19 personas pertenecientes a la Armada alcanzadas por la investigación.
Ese dato conecta su declaración administrativa con el conjunto de los 23 beneficiarios identificados.
La Justicia Federal y la Armada deberán determinar responsabilidades individuales
La investigación reconstruyó además situaciones particulares dentro de la fuerza.
El capitán de Corbeta Contador Roberto Eduardo Castro aparece en la denuncia por haber recibido, durante determinados períodos, haberes en la Argentina en simultáneo con los que percibía mientras estaba destinado en el exterior.
La situación resultó significativa porque el sistema identifica automáticamente al personal destinado fuera del país y lo excluye de los archivos utilizados para pagar haberes localmente. La investigación sostuvo que esos pagos sólo pudieron concretarse mediante la incorporación de registros por fuera del proceso automático.
También fueron detectadas acreditaciones a Luana Magalí Piedigrossi, esposa de Castro, durante períodos en los que estaba de licencia sin goce de haberes.
Otros integrantes aparecen en las actuaciones como perceptores de sumas posteriormente restituidas.
Los capitanes de Corbeta Contadores Ariel Vicente Gallo, Roberto Eduardo Castro, Cristian Sebastián Lobato y Juan Carlos Barrios realizaron transferencias a la cuenta operativa del Servicio Administrativo Financiero por importes percibidos en exceso con los haberes correspondientes a enero de 2026.
También efectuaron devoluciones los capitanes de Corbeta Gerardo Horacio Heredia, Anabela Alejandra Farias y Mathías Agustín Pieroni. Los tres transfirieron el 11 de septiembre la totalidad de las sumas que habían recibido indebidamente.
La existencia de un cobro indebido no determina por sí sola el grado de responsabilidad de cada perceptor. Tanto la investigación disciplinaria como la causa federal deberán establecer qué conocimiento tenía cada uno sobre el origen de las acreditaciones y qué intervención pudo haber tenido en el mecanismo.
Hasta el momento de formularse la denuncia habían sido restituidos $42.574.267,63. Por eso, del monto histórico de $981.148.567,88, permanecía una diferencia de $938.574.300,25.
La Armada aclaró desde el inicio que las devoluciones posteriores no modifican el volumen histórico de las acreditaciones detectadas. Permiten únicamente establecer cuánto dinero fue recuperado y cuánto permanecía pendiente al momento de llevar el caso a la Justicia.
El 15 de septiembre, una vez reunidos los elementos técnicos, bancarios y administrativos, la denuncia fue presentada por el capitán de Navío Contador Carlos Alberto Castro Maggio, jefe de Administración Financiera de la Armada.
La presentación puso a disposición de la Justicia informes técnicos, documentación bancaria, planillas con las inconsistencias, declaraciones administrativas y registros informáticos. La Armada también ofreció los equipos preservados y cualquier otro soporte requerido por el juzgado.
Al día siguiente llegó la reacción disciplinaria.
Romay resolvió apartar de sus cargos a todo el personal militar alcanzado por las actuaciones y dio inicio a la instrucción por una falta gravísima.
La Armada ya designó a un abogado militar para conducir esta primera etapa del procedimiento. Los involucrados podrán contar con defensores y presentar las pruebas y explicaciones que consideren pertinentes. Posteriormente deberá completarse la estructura disciplinaria encargada de evaluar las actuaciones y resolver las sanciones.
La máxima pena posible dentro de ese camino es la destitución.
La secuencia institucional quedó así definida: la propia Armada detectó las anomalías, reforzó los controles, reconstruyó operaciones que se remontaban a 2022, apartó preventivamente al responsable del área, preservó la evidencia, realizó una investigación administrativa, presentó el caso ante la Justicia y finalmente inició el proceso disciplinario sobre sus propios integrantes.
La fuerza sostiene que la respuesta busca evitar que la conducta de un grupo de miembros comprometa el prestigio de una institución integrada por alrededor de 24.000 personas.
La cantidad precisa de militares alcanzados también quedó ahora delimitada con mayor claridad. Fuentes oficiales de la conducción de la Armada indicaron a Infobae que son diez los efectivos comprendidos en las actuaciones disciplinarias, mientras que los restantes beneficiarios identificados son civiles o personas que no integran la fuerza.
El resultado del proceso no está formalmente decidido. La instrucción disciplinaria comenzó esta semana y debe analizar cada caso. Pero tanto Defensa como la conducción naval dejaron definida la orientación con la que pretenden avanzar.
Presti pidió que se adopten las máximas medidas dentro de la institución. La Armada apartó a todos los militares alcanzados. Y en paralelo, la Justicia Federal deberá determinar las responsabilidades penales por un esquema que durante más de tres años permitió desviar casi $1.000 millones mediante modificaciones introducidas en el circuito utilizado para pagar los salarios.
