El bloqueo que la semana pasada sufrió la empresa de logística WebPack se convirtió en un símbolo de la pérdida de eficacia de estas protestas extorsivas como herramienta sindical frente a un escenario legal y político menos tolerante con ese tipo de medidas.
Fue, además, un nuevo ejemplo del ocaso de esta modalidad de protestas, que siguen en declive luego del récord de 2021, cuando hubo unas 75 acciones en todo el país que derivaron en el cierre de 6 pymes que no podían trabajar por el hostigamiento gremial.
En el caso de WebPack, empresa de logística que hace tareas de distribución para canales de venta digital, el conflicto con el Sindicato de Camioneros se originó en el despido sin causa de un trabajador por motivos de reestructuración, con el pago de la indemnización que marca la ley, situación que derivó en el bloqueo de la sede de la compañía en La Paternal por parte de unos 50 empleados y activistas sindicales, con amenazas de “prender fuego” las camionetas que salieran del lugar.
Aunque tuvo que intervenir la Infantería para liberar el acceso a las instalaciones de WebPack, el balance final del conflicto dejó como ganadora a la empresa y como perdedor al gremio de Hugo y Pablo Moyano, que pasó de un excluyente protagonismo a salir de escena.
En el resultado final influyó no sólo que se activó el protocolo antibloqueos del Gobierno que apunta a disolver estas protestas apenas se ponen en marcha, sino también el impacto por la difusión de las amenazas de quemar las camionetas, que generó un efecto dominó que dejó mal parados al gremio y a los delegados.
Mucho tuvo que ver el papel del abogado del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), Pablo Abdón Torres Barthe, que se sumó -sin identificarse como tal- a la comitiva de directivos de WebPack que, tras el reclamo gremial por el despido del trabajador, accedió a concurrir a la sede de Camioneros citada por Jorge Luis Amador, secretario de la rama de Correos del sindicato.
Por eso Torres Barthe fue testigo de advertencias con carga intimidatoria que siempre quedan fuera del radar y que son silenciadas por ambas partes: el sindicalista consideró que WebPack no podía echar empleados que no habían sido sancionados previamente porque “en Camioneros no están permitidos los despidos”.
Incluso luego de que un directivo de la empresa le contestó que la ley permite despedir empleados pagando indemnizaciones, Amador fue más allá todavía con sus amenazas: “Ustedes manéjense con la ley y nosotros nos vamos a manejar con nuestro método”, dijo.
La reunión terminó abruptamente y al día siguiente la empresa amaneció con 50 personas que impedían la salida de las camionetas y dos delegados que le gritaron al gerente general de la compañía que iban a “prender fuego” los vehículos si querían irse del lugar.
Hasta aquí, uno de los típicos casos de bloqueos que piloteó Camioneros durante años, pero la diferencia es que la empresa difundió el violento episodio, hizo la denuncia penal contra los delegados por las amenazas de incendiar las camionetas (con el aporte de filmaciones de ese momento) y se mantuvo firme con el despido.
Tras el escándalo producido por la nota de Infobae, intervino la Secretaría de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires, los delegados bajaron los decibeles, el Sindicato de Camioneros se replegó discretamente y la empresa pudo normalizar las tareas sin nuevas protestas.
Juan Méndez, presidente del MEAB, hizo un balance del conflicto: aseguró que “los Moyano se tuvieron que ir por la puerta de atrás” y hubo “un claro ganador que fue WebPack”, pero, sobre todo, dijo que el caso es un precedente para “muchas empresas que hoy la están pasando mal y deben achicar su nómina de empleados”.
Méndez remarcó que, pese a la protesta en WebPack, los bloqueos “siguen a la baja en la Argentina”, aunque advirtió que hay muchos casos que “ya no son bloqueos directos sino indirectos y que también están violando las normas”. Aludió así a conflictos por la realización de asambleas que se convierten en medidas de fuerza solapadas: “Te paran a todo el personal con asambleas que no son válidas porque hoy, según la reforma laboral, no pueden afectar el normal funcionamiento del trabajo y tiene que estar autorizada por la empresa”.
Lo peor, como remarcó Méndez, es que “lo terminan pagando los trabajadores, y no los dirigentes sindicales, porque se les descuenta el tiempo que duró la asamblea o se les aplican sanciones disciplinarias”.
Según el titular del MEAB, “ninguna empresa está obligada a reincorporar gente” y si, aun pagando la indemnización correspondiente, hay reclamos por un despido sin causa “su legalidad es algo que después delimitará la Justicia y no el sindicalismo”.
El debilitamiento de una modalidad de presión sindical tan polémica como el bloqueo, que algunos jueces ya consideraron un delito, responde a varios factores.
Por un lado, fue determinante el papel que tuvo el MEAB, creado en mayo de 2021 a partir de la iniciativa de Verónica Razzini, actual diputada nacional libertaria y dueña con su familia de una empresa en Rosario que en 2020 estuvo bloqueada 90 días por el Sindicato de Camioneros de Santa Fe y que logró que la Justicia detuviera e imputara a los activistas que impidieron el acceso a sus sedes y amenazaron a sus directivos.
La contraofensiva del MEAB al denunciar los bloqueos ante la Justicia fue consiguiendo modificar la tendencia de los sindicatos a protestar de esa forma: gracias a la estrategia desplegada por esta organización de pymes, en agosto de 2023 se registraron 10 dirigentes y activistas sindicales detenidos, 51 imputados y una veintena que iba a ir a juicio en unas 30 protestas. Algunos fallos involucraron a gremialistas de peso como el ex cotitular de la CGT Carlos Acuña (estaciones de servicio) y Omar Pérez, del Sindicato de Camioneros, dirigente de confianza de Hugo Moyano.
Pero, además, en la baja de los casos de bloqueos sindicales fue determinante el artículo de la Ley Bases que los considera como grave injuria laboral y que les da a los empleadores amplias facultades para despedir con causa a quienes participan de esas acciones que atormentan a las pymes.
En la Ley de Modernización Laboral, además, se incluyó un artículo que responsabiliza de manera directa a los jefes de los sindicatos: considera como una de las infracciones muy graves “provocar, y/o instar y/u organizar el bloqueo o tomar un establecimiento”. El agregado de “instar y/u organizar” permitirá que las sanciones previstas por la ley alcancen no sólo a los ejecutores de bloqueos o tomas sino también a los líderes de los sindicatos que hacen esas protestas.
