Luego de la quinta movilización de los universitarios por la falta de aplicación de parte del Gobierno de la Ley de Presupuestos Universitarios, y a un día de que se cumpla un año de la promulgación de la normativa, el secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de políticas universitarias, Alejandro Álvarez, se hicieron presentes en la Comisión de Presupuesto para defender el proyecto para el 2027.
La tensión estuvo presente desde el comienzo. La sala del primer piso del anexo de la Cámara de Diputados duplicó su personal de seguridad y en la puerta quedó un grupo de estudiantes universitarios que habían intentado entrar a la reunión. Y esta tensión quedó reflejada en la presentación de los funcionarios que llamaron a la dirigencia universitaria de tener un “acuerdo corporativo y de casta”.
El inicio estuvo a cargo del secretario de Educación quien marcó su presentación respecto de la primaria y secundaria, comparando el sector hasta el 2023 y a partir de ahí. “Se gastó mucho pero no se gastó en que los chicos aprendieran. Nosotros cambiamos los paradigmas”.
Pero luego Torrendell hizo una larga lectura de un documento sobre la política universitaria y los fondos para las Altas Casas de Estudios. En este recorrido hizo hincapié en los fondos y en comparaciones respecto de cantidad de alumnos, cantidad de recibidos. “La autonomía de las universidades no está en discusión, lo que exigimos son datos y transparencia” en el manejo de los fondos.
Luego de señalar que “en las universidades públicas de cada 100 que se anotan se reciben 18,7 mientras que en las privadas el número es de 40”. Asimismo, hizo referencia a que cada egresado de la universidad pública tiene “un costo de USD 14.800” y que en los últimos años “observamos una incesante y asombrosa creación de universidades. De las 62 universidades nacionales, 23 fueron creadas en los últimos 20 años. En dos décadas se crearon la misma cantidad de universidades que en dos siglos”. Esto que intentó ser una crítica al sistema generó el aplauso del bloque del peronismo.
“En la educación básica estamos demostrando que es posible desde la Nación liderar la mejora del aprendizaje. En el ámbito universitario tenemos una dirigencia aislada que solo acuerda para pedir más recursos. No se compromete con un cambio de paradigma que beneficie a los alumnos y no a la dirigencia universitaria. Es un acuerdo corporativo, de casta”.
La primera tanda de pregunta apuntó a la presentación de Torrendell por parte de la oposición. Las críticas pasaron desde el manejo de los datos de manera “maniquea” hasta el uso de los fondos. La novedad es que desde el bloque de LLA surgieron preguntas en modo de defensa.
“¿De qué sirve que nos traigan un presupuesto que nominalmente parece estar por encima de la inflación proyectada para 2027, pero que no compensa para nada el ajuste por inflación y el recorte que se observa en el 2026 de casi un 25%? Estamos frente a un presupuesto educativo que formalmente plantea un incremento de recursos, pero que después se observa una clara sub-ejecución de cada una de las partidas», le reclamó el diputado Maximiliano Ferraro de CC ARI.
Torendell fue el encargado de responder casi todas las preguntas dejando lugar en algunos espacios al subsecretario Álvarez. Sin embargo, en todo momento, el secretario nacional hizo alarde de un tono más amable que el de su subsecretario pero en todo tiempo se encargó de fustigar a los rectores universitarios de quienes dijo que teniendo en cuenta los resultados “en el sector privado los hubiesen despedido”.
Insurrección y Estado de derecho
Pero llegó el momento del subsecretario Álvarez quien tiene fama de pelearse con la oposición. Y no defraudó.
“Respecto de la llamada ley de financiamiento universitario a modo de ver del ejecutivo la norma incumple la ley de administración financiera y de ejecución presupuestaria”, repitió. “El Ejecutivo está a derecho y fue recurrido por el CIM todo esto está hoy en la Cámara porque se aceptó la apelación del Ejecutivo en ambos hechos”.
Pero el funcionario en vez de responder empezó con un alegato en defensa de la gestión y en ataque Consejo Interuniversitario Nacional. “El Ejecutivo está a derecho y los funcionarios a tiro de denuncia y muchos de la oposición que tienen la denuncia fácil no nos denunciaron. No así algunos de los diputados de la oposición que asaltaron edificios públicos y que llaman a la insurrección popular contra la República”.
“Piden más salario, todavía más por encima de lo que ya el Estado a asignado, lo cual los profesores universitarios y los docentes y no docentes están muy por encima del Estado nacional, con lo cual es un privilegio y también es una identificación de lo importante que es para el Estado que los rectores y los sindicatos son, hasta ahora, las únicas que las cierran”, acusó Álvarez.
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